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*El exgobernador de Michoacán es buscado por la justicia mexicana tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de liderar una red de desvío de mil millones de pesos

Ciudad de México, 02 de marzo de 2025.- El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, es buscado por la justicia mexicana tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de liderar una red de desvío de mil millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía durante su administración (2015-2021).

Según la FGR, Aureoles Conejo evadió a las autoridades al abordar un helicóptero de Michoacán al estado de Jalisco, desconociéndose su paradero actual.

Hasta el momento, han sido detenidos cuatro excolaboradores de Aureoles: Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa, y Antonio Bernal Bustamante, primer secretario de Seguridad. Otros dos exsecretarios de Seguridad Pública y un funcionario de Finanzas también se encuentran prófugos.

Los detenidos serán imputados por administración fraudulenta, peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aunque estos delitos no se consideran graves y podrían obtener la libertad bajo caución, en el caso de Maldonado, exsecretario de Finanzas, podría enfrentar prisión preventiva justificada por intentar evadir la justicia.

La denuncia inicial fue presentada por el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y posteriormente se recibieron dos más.

Las investigaciones revelaron que, durante la gestión de Aureoles, se constituyó la empresa inmobiliaria DyF SA de CV tres días antes de anunciar la construcción de los cuarteles, a la cual se le adjudicaron directamente los contratos.

Además, el gobierno de Michoacán financió la adquisición de los terrenos donde se instalarían los cuarteles y celebró contratos de mantenimiento para asegurar que la empresa siguiera obteniendo recursos.

Análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinaron que el daño al erario federal asciende a mil millones de pesos. La causa penal 118/2025 ha sido radicada en los juzgados federales con residencia en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.